Aunque no sea una fuente de orgullo nacional, tenemos en común con China una falta de transparencia en la relación entre dinero y política. Esto es particularmente preocupante cuando se trata de atraer inversiones chinas en infraestructura, área donde la experiencia internacional (y nacional) sugieren que frecuentemente se presta para financiar al margen de la ley campañas y partidos. Un proyecto que probablemente termine costando mucho más de los 740 millones de dólares estimados (porque quién podría parar un puente a medio hacer porque no alcanzan los recursos) es una fuente inagotable de platas negras para la política.
Las evaluaciones del gobierno concluyen que falta al menos una década para que se justifique un puente sobre el Chacao. La ausencia de estimaciones independientes, los costos cambiantes de una evaluación a otra y un optimismo desmesurado sobre las tasas a las cuales crecerá la demanda sugieren que probablemente el momento para construir el puente sea posterior al 2030. De hecho, posiblemente reflejando que la demanda no pagará por el puente, el ministro Golborne anunció recientemente, con la presencia de autoridades chinas de visita en Chile, que el proyecto será financiado íntegramente por platas fiscales.
El puente sobre el Chacao es un caso más del deterioro notable de la calidad de las políticas públicas bajo el gobierno del Presidente Piñera. Incorporar a empresas chinas en la construcción del puente no hace más que incrementar las aprensiones fundadas que existen sobre la conveniencia de este proyecto.
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