Desahuciando la confianza
EL SISTEMA de salud pública entró en la UTI con la eventual negligencia médica del hospital de Melipilla. Pese a ser un hecho aislado, cobró dos vidas y pone en entredicho la capacidad de gestión del Estado y sus servicios de salud, tal como demuestra el comunicado del Colegio de Enfermeras de Chile del viernes pasado.
No nos engañemos, la salud en nuestro país ha mejorado en forma notable en las últimas décadas, pero ello no fue mérito del sistema público, sino gracias a la convicción de las autoridades en la colaboración público-privada. El surgimiento de las isapres alivió la carga del sistema público con la participación de los privados. Luego, la gran reforma del Auge niveló en algo la cancha y vino acompañada de una fuerte inversión en infraestructura. Si bien aún queda mucho por mejorar en calidad y acceso, hoy podemos decir con orgullo que tenemos la mejor expectativa de vida del continente, cercana a los 80 años y equivalente a la de países desarrollados. Por eso, el lamentable error de Melipilla y el circo del Hospital del Salvador no podían venir en peor momento para el sistema.
El ambicioso plan de construcción de hospitales públicos para ser operados por los servicios de salud del Estado se cae a pedazos.
El flamante hospital multicultural de Cañete sufrió graves problemas estructurales y sobrecostos que demoraron su inauguración y lo tienen sumergido en deudas; el hospital de Calama fue abandonado por la constructora, que no pudo cumplir los contratos, obligando a los enfermos graves del Loa a morir en la sala de espera; y el hospital de Rancagua avanza a tumbos en medio de escandalosos sobrecostos que tienen a las constructoras al borde de la quiebra. Estos problemas sobrepasan un período de gobierno y delatan la carencia de una política clara de infraestructura hospitalaria, así como las graves deficiencias de los Servicios de Salud para especificar, licitar y hacer seguimiento y gestión de sus propios proyectos.
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