Editorial Diario La Tercera
AUN CUANDO el contralor general de la República señaló en una exposición en el Congreso que la ley de concesiones ofrece mecanismos de salida para revocar una concesión adjudicada, hizo la advertencia de que adoptar una decisión de esa naturaleza en relación con la construcción del nuevo Hospital del Salvador tendría un costo significativo para el Estado. Y para ello colocó como ejemplo lo ocurrido en su momento con la cárcel concesionada de Antofagasta, donde se revirtió ese proceso y el Estado debió pagar cerca de 52 mil millones de pesos en multas.
Las palabras del contralor deben motivar una profunda reflexión del gobierno en esta materia, ahora que se ha mostrado dispuesto a reconsiderar la demanda de un grupo de trabajadores del mencionado hospital, que por casi un mes mantuvo un paro de actividades solicitando que la construcción de las nuevas instalaciones no se realice bajo la modalidad de concesiones. La determinación del Ejecutivo de conformar una mesa técnica con los funcionarios paralizados, para evaluar una solución a este tema, resulta confusa respecto de la postura que hasta ahora había sostenido La Moneda de respetar y hacer cumplir el contrato con la empresa que se adjudicó la concesión del centro hospitalario.
El contralor ha señalado que para revocarse una concesión habría que invocar la causal de “interés público”. Sin embargo, de acuerdo a todos los antecedentes conocidos, no solo no existe fundamento para esa causal, sino que la concesión busca precisamente resguardar el interés de los pacientes de contar con servicios de salud conforme a estándares de calidad exigentes y a costos justificados. Una decisión de revocar la concesión perjudicaría a los pacientes del hospital, al no contar con un recinto de calidad donde atenderse, y a todos los chilenos, que tendrían que asumir el alto costo que supone revocar la concesión.
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